En Estados Unidos, en Oklahoma City, casi una veintena de agentes federales llevaron a cabo un allanamiento en la casa equivocada, donde obligaron a una mujer y a sus tres hijas, que son ciudadanas estadounidenses, a salir de la vivienda en ropa interior, al tiempo que confiscaron sus teléfonos, computadoras portátiles e incluso sus ahorros de toda la vida. La mujer dice que los agentes trabajaban para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el FBI y los alguaciles federales, y que tenían una orden de allanamiento en la que figuraban los nombres de personas que no vivían en la propiedad ni tenían ningún vínculo con la familia. Ninguna agencia federal se ha atribuido la responsabilidad de lo sucedido. La mujer, que se había mudado desde el estado de Maryland al estado de Oklahoma con su familia unas dos semanas antes, habló después del allanamiento con la estación de televisión de Oklahoma City KFOR.
“Marisa”: “¿Y si yo hubiera estado armada? ¿Qué pasa si uno entra por la fuerza? ¿Qué se supone que deba pensar? Lo primero que pensé fue que nos estaban robando, que mis hijas, que son mujeres, estaban siendo secuestradas”.
Spencer Humphrey: “Nada más que un probable trauma de por vida”.
“Marisa”: “Nos apuntaron con armas a la cara. ¿Pueden simplemente reprogramarse y vernos como seres humanos?”.
Esto se produce al tiempo que el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevar a cabo redadas y allanamientos domiciliarios sin orden judicial en virtud de la centenaria Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha sido utilizada para deportar a inmigrantes venezolanos acusados injustamente de formar parte del grupo criminal Tren de Aragua.
En noticias relacionadas, organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes están alertando sobre una serie de informes que revelan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está llevando a cabo redadas contra menores inmigrantes no acompañados en diferentes partes de Estados Unidos. El objetivo de dichas redadas es presentar cargos penales contra los menores no acompañados para luego deportarlos. Un crítico de esta política la ha calificado como una “separación familiar clandestina”.
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